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Para los amantes de las anécdotas, la Constitución de 1812 es una auténtica joya. No sólo por su sobrenombre, «la Pepa», debido a que se proclamó el 19 de marzo. O por los avatares históricos por los que pasó, con varias promulgaciones y aboliciones, con defensas cerradas («marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional», dijo Fernando VII), feroces ataques (proclamándola «de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen del medio del tiempo», como también dijo Fernando VII) y hasta un fusilamiento, en el sentido más literal del término (ordenado, ¿lo adivinaron?, por Fernando VII). También por aquel mandato, tan bienintencionado como ingenuo, según el cual los españoles debían ser «justos y benéficos».

Hoy, casi dos siglos después, hay muchos españoles «justos y benéficos», pero también hay otros que no lo son tanto. Y, la verdad, confiar el buen funcionamiento de una ley a que tengamos la suerte de que se ocupen de vigilarlo personas rectas, honradas, de buen sentido y bondadosa actitud no parece lo más conveniente si queremos evitar el riesgo de que se comentan abusos. Vamos, digo yo.

Desde su entrada en vigor, allá por 1995, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana (LRAU) ha obtenido grandes logros. Ha agilizado el desarrollo urbanístico, ha desbloqueado situaciones que se encontraban atascadas sin aparente remedio, y ha permitido que la creación de suelo apto para edificar se rija más por las necesidades reales del mercado que por una actividad municipal que, con el sistema anterior, a veces resultaba errática e insuficiente. Como no se cansan de recordarnos los responsables de la Generalitat, el sistema de la LRAU ha conseguido que, en muchos casos, se beneficien todos los implicados en el ciclo urbanístico: los propietarios de suelo, que ven cómo, a pesar de tener que afrontar el pago de unas cargas de urbanización, sus parcelas se revalorizan extraordinariamente al pasar de ser (como dice el ejemplo más utilizado) bancales de secano casi improductivos a terreno edificable dotado de todos los servicios y dotaciones. Los urbanizadores, que pueden proceder con facilidad, rapidez y plenas garantías de cobro a la ejecución de las obras de urbanización. Los promotores, que ven cómo su demanda de suelo edificable puede quedar satisfecha con razonable rapidez. Y, finalmente, los compradores de viviendas e inmuebles, que se benefician de la disminución de costos que supone la reducción de plazos y la disponibilidad de suficiente suelo. Todos, en fin, contentos.

Lo malo es que lo del bancal semiabandonado convertido en un jugoso solar edificable no siempre es cierto. Basta mirar a nuestro alrededor (y, especialmente, a algunos municipios de nuestra comarca) para ver que, en vez de agricultores contentísimos de que una operación urbanística les vaya a hacer ricos, a veces lo que hay es pequeños propietarios que contemplan impotentes cómo una empresa inmobiliaria ha decidido hacer el negocio padre borrando del mapa sus casas, cobrando una especie de «impuesto revolucionario» sobre sus huertas y, en fin, quedándose, quieran ellos o no, con la parte del león de un pequeño patrimonio que muchas veces les ha costado toda una vida reunir. Propietarios que se las ven y las desean para ponerse de acuerdo con otros afectados y, haciendo frente a la rapidez de los plazos y a los elevados costos, consiguen presentar sus alegaciones, sus recursos o sus propias alternativas técnicas. Y que, en algunas ocasiones, se encuentran con que por mucho que mejoren la licitación, por mucho que sus propuestas sean más razonables, menos onerosas y sin ninguna finalidad especulativa, por mucho que la Ley hable de la preferencia de las agrupaciones de propietarios, el Ayuntamiento sigue optando por favorecer al urbanizador privado.

Y es que el problema está ahí. Con mayores o menores plazos, con más o menos facilidades, la última palabra la tiene un Ayuntamiento que no siempre está regido por «españoles justos y benéficos». El sistema fracasa a veces porque confía demasiado en la buena voluntad de unos gestores municipales que, en muchos casos, no parecen tenerla en absoluto. Al pequeño propietario al que pasa por encima la apisonadora de una gran empresa inmobiliaria le sirve de muy poco consuelo que le expliquen que su caso es excepcional, que lo normal es que no se produzcan abusos, y que, aunque él haya tenido mala suerte, lo habitual es que todos salgan ganando en los procesos de urbanización. Pero si además, después de ver que los responsables municipales han colaborado activamente en su expolio, le explican que para evitar esos abusos está previsto reformar la ley incrementando las funciones de control de los Ayuntamientos... bueno, lo menos que puede pensar es que le están tomando el pelo.

Y a muchos afectados, créanme, les queda ya muy poquito pelo que tomarles.

(También aquí).

2003-02-16, 21:28 | 0 comentarios

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